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Las pérdidas ocasionadas por el uso de programas informáticos ilegales alcanzan ya los 689 millones de Euros y suponen la pérdida de entre 4.000 y 6.000 empleos.
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Bussines Software Alliance (BSA) informa hoy de los resultados del Cuarto Informe Global sobre piratería de software en 2006, elaborado por la consultora IDC. En España, el índice de piratería se mantiene en el mismo nivel que el año pasado, un 46%, mientras que las pérdidas ocasionadas por dicha práctica crecen un 15%, como consecuencia del crecimiento del mercado, y se sitúan en 689 millones de Euros, frente a los 600 millones que supusieron en 2005, con un coste social estimado de entre 4.000 y 6.000 puestos de trabajo. España sigue 10 puntos por encima de la media de la UE (36%) y queda a 12 puntos de la media de los países de Europa Occidental (34%) y a 11 de la media mundial (35%).“Los resultados que hoy presentamos reflejan que en 2006 hemos conseguido frenar la preocupante tendencia al alza observada en 2005, año en el que se produjo un incremento de tres puntos”, señala Luis Frutos, presidente del Comité Español de BSA, quien añade que “teniendo en cuenta que atravesamos una coyuntura especialmente complicada para todas las industrias involucradas en la defensa de la Propiedad Intelectual, agravada por factores como el trepidante incremento de las descargas ilegales en Internet, el hecho de haber estabilizado el índice nos permite ver el futuro con un moderado optimismo, esperando que las iniciativas que BSA ha puesto en marcha durante estos dos últimos años, unidas a una toma de postura cada vez más decidida por parte de la Administración, terminarán por traducirse en una reducción del índice de piratería hasta niveles acordes con los países de nuestro entorno y, sobre todo, coherentes con una economía moderna y un sistema empresarial competitivo”.
Según el informe de IDC, España figura como el tercer país de Europa Occidental con un índice de piratería más alto, sólo superado por Italia y Grecia. Una tasa elevada de software ilegal denota una insuficiente inversión de las empresas en Tecnologías de la Información, lo que lastra su competitividad, al tiempo que echa por tierra el esfuerzo de miles de empresas españolas fabricantes de programas informáticos que ven peligrar su negocio y, por lo tanto, su subsistencia.
